Varios son los usos que ha tenido nuestro monasterio de san Salvador desde que se fundara el 12 de febrero de 1011. El más significativo de todos fue sin duda alguna el religioso, derivado de su condición de abadía benedictina durante más de 800 años. Con la Desamortización de Mendizabal en 1835, la expulsión de los monjes trajo consigo un período de abandono que culminó en 1880 con la llegada de la Compañía de Jesús y el establecimiento de un Colegio Máximo y Universidad Pontificia. En 1932, concretamente el 23 de enero, se promulgó un decreto mediante el cual se procedía a la disolución de la compañía en territorio español, estableciéndose un plazo máximo de diez días para que todos sus miembros abandonasen España. Se abría de esta forma un paréntesis en la presencia jesuítica en la villa que no se cerraría hasta la finalización de la Guerra Civil en 1939.
¿Qué destino le espera a partir de ahora a nuestra antigua abadía benedictina? Para conocerlo debemos ir al 4 de agosto de 1933, momento en el cual, y en el contexto de la reforma penal de la II República, se aprobó la Ley de Vagos y Maleantes para el tratamiento de vagabundos, nómadas, proxenetas y cualquier otro individuos que pudiera ser considerado por las autoridades como antisocial. La ley, también conocida como La Gándula, incluía una mención especial al tratamiento que se debía dar a todos los condenados por los juzgados creados para este cometido. En el capítulo II, en la parte relativa a las medidas de seguridad, se preveía el internamiento en establecimientos de régimen de trabajo o colonías agrícolas. En la península los campos estarían en Burgos, anexo a la prisión, otro en Puerto de Santa María (Cádiz), y otro en Alcalá de Henares (Madrid). Un cuarto se estableció en la isla de Annobón en la Guinea Española.
Tres meses después de la publicación de esta ley, el 5 de noviembre de 1933, se publica un decreto en la Gaceta de Madrid, en cuyo primer artículo «se cede al Ministerio de Justicia el edificio Colegio Máximo y huerta y piscifactoría anejas, sitos en Oña, provincia de Burgos, con destino a una colonia docente de trabajo de las previstas en la Ley de 4 de agosto de 1933.» Para arrojar un poco más de luz sobre el traspaso, el artículo 2º clarifica que «la cesión comprende todos los objetos muebles que se encuentren en la finca, siempre que sean útiles para el fin a que se destinan y no exista sobre ellos reclamación pendiente». Colonia docente de trabajo. Este es el nuevo destino elegido para nuestra antigua abadía tal y como se publica en el decreto, aunque más adelante este calificativo irá trocando por los de Colonia Agrícola, Colonia de Vagos, Colonia Agrícola de Vagos y Maleantes, etc. La idea no fue bien recibida ni en la propia localidad de Oña, ni en la propia comarca de la Bureba, ni en la propia provincia, e incluso como veremos más adelante, se alzaron voces disconformes de lugares tan alejados como Alicante.
Cuando los jesuitas desocuparon el edificio, la Diputación Provincial de Burgos vio en estas instalaciones una oportunidad para su conversión en un «manicomio». De hecho, el 10 de junio de 1933, cinco meses antes de la publicación del decreto anteriormente mencionado, el diputado provincial D. Díez Pérez, en compañía de los médicos Ruiz Cisneros y Saiz, además del arquitecto provincial, viajaron hasta Oña para visitar su antiguo monasterio «quedando muy bien impresionados por las buenas condiciones que reúne el edificio para instalar en él el manicomio, acordándose quedar enterada y que se gestione del Estado la adquisición de dicho inmueble.» Y este será una de los argumentos esgrimidos para intentar convencer al Ministerio de Justicia de que diera marcha atrás de su proyecto para Oña.
Que este plan no era del agrado en la comarca lo pone en evidencia el oficio del Alcalde de Briviesca en enero de 1934, comunicando al organismo provincial el acuerdo de su ayuntamiento «interesando que la Diputación continúe las gestiones que viene realizando para que el Monasterio de Oña sea destinado a manicomio o factorías y no a lo proyectado por el Gobierno para utilizarle en recogimiento de vagos y maleantes». Esta petición se acordó secundarla decididamente, de ahí que tan solo unos días después, a raíz de la protesta formulada por el Ayuntamiento de Briviesca y del malestar producido en el pueblo de Oña, se elevara una instancia al Excelentísimo Señor Presidente del Consejo de Ministro «en súplica de que se deje sin efecto dicha disposición, por estimar que dicho Monasterio, tanto por su emplazamiento como por sus condiciones, es merecedor de mejor destino, reuniendo las inmejorables para Manicomio provincial…» El ruego fue apoyado ocho meses más tarde por varios vecinos de Oña mediante un escrito de adhesión.
Hasta de Madrid llegaron muestras de apoyo, como la de la Academia de Bellas Artes que designó una comisión que librara » … al Monasterio de Oña de la bárbara profanación de ser entregado para residencia de vagos y maleantes, con desconocimiento pleno o cínico menosprecio de lo que representa y vale aquel verdadero monumento nacional.»
Pero no eran estas las únicas voces disconformes.
